Treinta palos en gastos para espiarte

Todos espiados: El Secretario de Seguridad dijo que gastaron millones en esquipamientos secretos destinados a operaciones de inteligencia en la provincia.

Después del papelón en la Legislatura por parte de los funcionarios a cargo de la Secretaria de Seguridad de la Provincia, intentando justificar un millonario gasto que nadie supo explicar para que se uso (ver). El Secretario de Seguridad, Ezequiel Murray cambio si discurso y confeso que los gastos que se realizaron fueron secretos y destinados a la compra de equipamiento destinado a operaciones de inteligencia, lo cual es aun peor porque estas acciones estarían violando la Ley de Inteligencia Nacional, ya que la Secretaria de Seguridad estaría actuando fuera de la ley, puesto que los únicos gastos secretos y para realizar tareas de investigación son realizados por la Policía Provincial y rendidos al Tribunal de Cuentas, cosa que en este caso no ocurrió. Pero ademas lo llamativo es que entre los gastos supuestamente secretos pusieron ademas una obra publica en Puente Justicia.

Ezequiel Murray en declaraciones a la prensa confesó que los fondos reservados fueron utilizados para la compra de “determinados equipamientos que se requieren para las tareas de inteligencia contra el delito complejo”. El equipamiento comprado secretamente no es otro que el destinado a las intervenciones telefónicas y de correos electrónicos, con el objetivo de efectuar inteligencia a políticos, periodistas, dirigentes sociales opositores y hasta incluso funcionarios judiciales, lo que constituiría una clara violación a la Ley de Inteligencia Nacional y la propia Constitución Nacional.

El Departamento de Interceptación y Captación de las Comunicaciones (DICOM), que funciona bajo la órbita de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, es el único órgano del Estado encargado de ejecutar las interceptaciones telefónicas o captaciones electrónicas de cualquier tipo, autorizadas u ordenadas únicamente por la autoridad judicial competente.

La Constitución Provincial prohíbe gastos reservados: Murray para justificar los millonarios gastos pretendió ampararse en el incico h) del artículo 18 de la LEY Nº 1015, Régimen General de Contrataciones y Disposiciones Comunes para el Sector Público provincial, que permite la contratación directa “cuando las circunstancias exijan que las operaciones del Estado provincial se mantengan secretas”. Este inciso fue incluido en la ley de contrataciones en el marco de las negociaciones por las áreas petroleras y gasiferas, y nunca tuvo como objeto la autorización de la compra en secreto para la Secretaría de Seguridad.

La Constitución Provincial es concluyente, prohíbe los gastos reservados, y Murray pretende utilizar un artículo previsto para los “contratos petroleros”, para tratar de zafar de la imputación del delito de malversación de fondos públicos. 

Para muchos ya no caben dudas que nos encontramos frente a la posible comisión de varios delitos: Uno violatorio del orden constitucional provincial que prohíbe los “gastos reservados”, la malversación de fondos públicos y finalmente, la violación a la Ley de Inteligencia Nacional.

Para la legisladora Urquiza, lo de Murray es un papelón: Para la parlamentaria del MPF, cuando los funcionarios de Seguridad intentaron justificar los gastos reservados de unos 30 millones del subsidio no reintegrable que aportó el Ministerio de Seguridad de la Nación fue un papelón. 

“Cuando llegamos a la planilla con el detalle de gastos, vimos que el crédito original era de 5 millones y tenían imputados y devengados unos 28 millones. Esto no es posible porque, si no hay crédito suficiente, no se puede hacer ni siquiera la imputación preventiva y mucho menos continuar con el trámite”, explicó Urquiza.

“Cuando empezamos a preguntar, hicieron verbalmente un desglose de los gastos y ahí nos manifestaron que tenían gastos reservados. Esto no se puede hacer, porque dijeron que habían hecho contrataciones reservadas. Les preguntamos qué tipo de gastos hicieron, porque uno no dejaba de asombrarse, y respondieron que fue obra pública”, aseveró.

Indicó que el área recibió “un subsidio de 30 millones por un convenio que aprobó la Legislatura con la ministra Patricia Bullrich, que son fondos para seguridad. Esto aparentemente no lo tenían registrado como crédito, y no se hizo la modificación presupuestaria. Pero además no nos pudieron explicar de qué tipo de gasto reservado hablaban, porque están prohibidos por la Constitución”.

Gastos secretos reservados, facultad de la Policía: La legisladora separó las competencias de la Secretaría de Seguridad, de la Policía de la Provincia, que efectivamente “tiene fondos reservados autorizados, que son auditados por el Tribunal de Cuentas. Esos son fondos destinados a inteligencia policial, pero se rinden al Tribunal”, dijo.

“No lo pudieron explicar y hablaron de obra pública, pero cuando les preguntamos qué tipo de obra pública hicieron, quedaron todos tartamudeando, se miraban unos a otros, y por eso digo que fue lamentable. El secretario Murray menos que menos pudo explicar absolutamente nada”, reiteró.

Consideró que “les terminó salvando la vida el presidente de la comisión de presupuesto -Pablo Blanco-, que les dijo que evidentemente había un error, que vieran bien los papeles y los volverían a citar” (ver video).

La legisladora aclaró que en este caso el faltante de dinero sin rendir “es un subsidio no reintegrable, pero todos los recursos que ingresan a la administración pública se tienen que rendir. Yo no podía creer las barbaridades que escuché en esta reunión”.

Insistió en que “para el equipamiento reservado de la policía, se encontró ya una forma y hablamos de fondos exclusivamente destinados a investigaciones, de órdenes que vienen de expedientes judiciales, y todos entendemos la tarea que lleva adelante la Dirección de Investigaciones”.

Un ejemplo claro es no poder publicar si, por ejemplo, se le pagó a un informante como parte de la tarea investigativa, y llamativamente el secretario Murray apeló a estos casos para justificarse, complicando más su situación, “porque estos fondos están autorizados por el plenario del Tribunal de Cuentas y se rinden, no es que no los controla nadie. Tienen límites y esos límites los determina la gobernadora todos los años.

El último fondo del que tenemos conocimiento eran cien mil pesos”, precisó, muy lejos de los 28 ó 30 millones sobre los que no pudo responder Murray.

“Uno es muy respetuoso, pero hay algunos funcionarios que, además de no conocer la historia de nuestra provincia porque son recién llegados, hablan y responden con una soberbia lamentable”, cuestionó.

Respecto de si esto amerita alguna acción de parte de la Legislatura, dado que su par Pablo Villegas sostuvo que roza lo delictivo, Urquiza dijo que “tenemos que ver toda la documentación que no tenían. Lo que vimos fueron planillas con la ejecución presupuestaria y trabajamos sobre eso, pero es un power point que ni siquiera está firmado. No son expedientes sobre los gastos. Veremos lo que dicen en la próxima reunión y actuaremos en consecuencia. Una obra no se puede ejecutar con gastos reservados y, la verdad, no tienen idea. Hay millones en gastos no personales, y no puede haber tantos millones para agua, luz, gas, pasajes o contrataciones”, concluyó.