Indagatoria a Baez en TDF por defraudacion

Por liberacion fraudulenta de vehiculos citan a Baez a indagatoria en TDF.

El fiscal federal de Río Grande Marcelo Rappaport dio detalles sobre la causa que investiga a personal de la Aduana por la defraudación agravada en concurso con contrabando (ver), de un grupo de personas vinculadas con la liberación anticipada de automóviles afectados a la ley 19640. Rappaport confirmó indagatorias para Walter Servián, Eduardo Amari y la citacion de Leandro Báez, uno de los hijos de Lazaro Baez.

El delito que se les imputa a ex funcionarios de Aduana y propietarios de vehículos es la defraudación agravada contra la administración pública en concurso con contrabando. Además de Walter Eduardo Servián y Eduardo Amari, que integraban el departamento automotores de la Aduana, se citó a Leandro Báez, y a dos gestores que están prófugos, dijo el fiscal Rappaport.

También investiga la posible vinculación del ex legislador Adrián Liendo con la liberación de un Audi, al año de la adquisición. Todos los titulares de vehículos liberados irregularmente serán indagados y se busca cuantificar el perjuicio fiscal al erario público.

La denuncia fue radicada en 2014 y, tras dos años de investigación, comenzaron las primeras citaciones a indagatoria.

El principal implicado hasta ahora es Walter Eduardo Servián, quien formaba parte del departamento automotores de la Aduana y, según el Dr. Rappaport, habría recibido “dinero en efectivo” para firmar los certificados que permitieron sacar los vehículos al continente.

“Yo tomé conocimiento por la denuncia que hizo el ex administrador de la Aduana local, Gustavo Etchegoyen –dijo-. Hubo una investigación administrativa previa que había hecho la Aduana y, a partir de ahí, se determinó que un sinnúmero de vehículos habían salido en forma fraudulenta de la provincia de Tierra del Fuego”, aseguró.

Explicó que “los autos que se adquieren en la provincia están amparados bajo la ley 19640, y tienen un tratamiento específico, necesitan un plazo de gracia para poder salir de la isla en forma liberada. Para los autos importados el plazo es de cinco años y, para los nacionales, de tres. Cuando se hace el trámite de liberación, el propietario tiene que ir a la Aduana, le sellan un papel, tiene que pagar tributos si no cumplió el plazo –que van en proporción al tiempo que falta para liberarse-; y ese papel sellado va al Registro de la propiedad automotor, que anota la liberación del automotor”.

“En este caso los propietarios de los vehículos, en vez de pagar los tributos en el banco como corresponde, los pagaban a Servián. No cumplían los requisitos para liberarse, pero Servián firmaba igualmente el papel dando el consentimiento para que se liberen”, sostuvo.

“El tributo que debían pagar no lo pagaban en el banco sino en forma personal a Servián, que era el jefe del departamento automotores de la Aduana local, el que tramitaba todos estos asuntos”, dijo sobre la imputación concreta en este caso al principal implicado.

Servián en estos momentos trabaja en la AFIP y el fiscal Rappaport barajó que, habiendo un sumario administrativo abierto, “tal vez lo han trasladado provisoriamente hasta que resuelvan la situación administrativa”.

Vehículos que se suman: Consultado acerca de cuántos vehículos se liberaron de forma irregular y salieron al continente, dijo que “son muchos y no puedo dar el número porque cada vez se van agregando hechos nuevos, con vehículos nuevos”.

“La causa no está parada ni tarda la investigación, sino que nosotros tenemos que pedir los legajos de los distintos vehículos, que están dispersos en un montón de provincias, y eso conlleva bastante tiempo. Es lo que tarda más, como también ir tomando las distintas declaraciones indagatorias”, indicó, dado que varios propietarios tampoco residen en la provincia.

Co-responsables: No sólo se imputó a Servián sino a los propietarios, por “haber sacado los vehículos de la provincia, sabiendo que no podían. Veremos en las indagatorias y las pruebas que puedan ofrecer en su defensa, si esta gente lo ha hecho de buena fe o no”, dijo.

Respecto de los “lazos políticos” que le podrían haber dado protección a Servián para operar largo tiempo de esta manera, no pudo confirmarlos, pero el fiscal negó haber recibido presiones. “Nosotros trabajamos y, si nos quieren presionar, no vamos a dar el brazo a torcer. No tenemos ningún impedimento para frenar la investigación. Los contactos que pueda o no tener Servián, son una cuestión personal de él”, manifestó.

El Audi de Liendo: También se le preguntó sobre la vinculación del ex legislador Adrián Liendo en esta causa, por la salida de un Audi A5 que figuraría a su nombre en el listado de vehículos liberados ilegalmente.

Rappaport aseguró que “ese auto también salió en forma irregular. Este vehículo tenía un año en la Isla y no se podía liberar nunca”.

“Hay una maniobra general –con liberación antes del plazo pero medianamente cercana a él- y otras particulares, porque en este caso nunca un vehículo de un año podía liberarse. Necesitaba dos años más y son vehículos que tienen un tratamiento especial”, subrayó para el caso de los importados.

Se le preguntó si está previsto citar a indagatoria a Liendo, quien además tiene una concesionaria y no puede desconocer el procedimiento de liberación: “Vamos viendo por partes, las investigaciones judiciales van de atrás para adelante. Nosotros queremos ver quién es el último comprador, dónde está el vehículo y a partir de ahí ver quién se lo vendió. Si estaba a nombre del señor Liendo, por supuesto pediremos que concurra a declaración indagatoria”, adelantó, confirmando que hasta ahora en la causa el Audi figura en el listado y asociado a Liendo.

Primeras indagatorias: Rappaport informó que hasta el momento “se le tomó indagatoria a Servián y a varios compradores de vehículos, que viven en distintas provincias. Eso se hace vía exhorto y demora. Los tiempos lamentablemente no nos ayudan en estas cosas”.

Confirmó que hay otra denuncia de Julio Achaval, un ex empleado de Aduana que fue despedido, que coincide con la presentación que hizo Etchegoyen. Acerca de la vinculación con el ex vicegobernador Daniel Gallo en esta causa, aclaró que “Gallo está mencionado por Achaval en una de sus denuncias, pero por un hecho diferente a la liberación de automóviles”, sin más detalles.

Leandro Báez en la lista: Otro nombre de resonancia nacional está ligado a la causa madre y es el hijo de Lázaro Báez, también citado a indagatoria. “Por ahora está detectado un vehículo liberado de forma irregular que perteneció a Leandro Báez, hijo de Lázaro Báez. Si mal no recuerdo es una camioneta Toyota. Está pedida la indagatoria y las citaciones ya no dependen de nosotros, sino del tribunal”, sostuvo el fiscal.

Fraude y contrabando: La calificación del delito fue definida claramente por el Dr. Rappaport: “El delito es defraudación por administración infiel, agravada por ser a una administración pública, en concurso con contrabando”, precisó, con la aclaración de que “si es liberación irregular podría llegar a configurar contrabando y por eso se lo imputamos”.

Sobre la maniobra de liberación ilegal, observó que “la firma (de Servián) era original y el papel era original. Lo que estaba mal era el pago del tributo, que fue a una persona determinada, cuando se debe hacer en una entidad bancaria. Eso no permitió que entren los fondos en las arcas de la Aduana, por eso se imputa defraudación a la administración pública. Por otro lado, con ese papel se lograba la liberación del vehículo, que realizaba el registro del automotor. Y Servián recibía el dinero en efectivo”, subrayó el fiscal.

Respecto de cuánto estima que llegó a cobrar, dijo que no se ha precisado “y estamos peritando la cantidad para saber en qué monto perjudicó a la administración pública”.

No obstante por trascendidos de los que habrían pagado por la liberación, se habla de montos de cinco mil pesos y un total de 600 mil que habrían ido a parar al bolsillo del imputado. Al tratarse de pagos en efectivo y en forma personal, la maniobra parece más una coima que el pago de “un tributo”, sin embargo hasta ahora no se calificó de esta manera la causa.

“Estamos esperando todas las declaraciones y veremos cada hecho en particular. Esto no es una caza de brujas y queremos determinar fehacientemente quién quiso contrabandear sacando un auto cuando sabía que no lo podía hacer, y quién abonó de buena fe a un empleado infiel de la Aduana”, aclaró el fiscal.

En cuanto a la condena prevista, dijo que “el código establece para la defraudación simple de tres a ocho años”, sin tener en cuenta agravantes y el concurso con contrabando, en caso de probarse.
“Lo importante es poder identificar toda la maniobra y llevarlo a juicio oral lo antes posible”, priorizó Rappaport.

Gestores prófugos: No sólo participaron particulares de la maniobra fraudulenta de liberación, sino gestorías, y hay dos prófugos de este sector. “Es así porque en muchos vehículos intervienen gestores, muchos simulan nombres y por eso están prófugos. Estamos tratando de encontrarlos para indagarlos también”, dijo, sin dar sus nombres porque “no me parece prudente en este momento y confiamos en que las fuerzas de seguridad los van a encontrar. Desde hace más o menos un año los estamos buscando pero van a aparecer y seguramente los vamos a poder indagar, para llevarlos también a juicio oral”, confió.

Servián no estaba solo: El fiscal agregó otro imputado, Eduardo Amari, que “ahora está trasladado también (de la Aduana) y creo que no recibió dinero pero ha extendido los certificados para presentar en el registro. Esta maniobra se concentraba en el departamento automotores de la Aduana”, expuso.

Se le preguntó nuevamente sobre Daniel Gallo, que es empleado de la Aduana, ante versiones de que también está investigado por liberar tres vehículos. “No lo recuerdo en este momento, por ahora no lo tenemos determinado con la liberación de vehículos. Esto no impide que se amplíe la denuncia y tengamos hechos nuevos. Entre ellos podrían ingresar estos autos”, advirtió.

Lo cierto es que hay dos imputados hasta el momento que se desempeñaron en la Aduana, Servián y Amari, los dos gestores prófugos y los propietarios de los vehículos que pagaron para liberarlos. “Queremos determinar si pagaron los que vendieron el vehículo o el gestor del que vendió, por eso queremos analizar cada caso en particular. Ahora estamos esperando que concluyan todas las indagatorias y que el juez resuelva la situación procesal”, concluyó Rappaport.